Fuentes diversas informan de la existencia en nuestro municipio de unas cifras de paro a 30 de diciembre 2011 de 16.500 personas, de las cuales un 10% lo son de larga duración, afectando este drama a un 80% del empleo de escasa formación o baja cualificación con la precariedad que ello conlleva.  

Aun cuando las competencias para las políticas activas de empleo no son precisamente municipales, sin embargo son en los municipios donde se viven las situaciones más lacerantes y donde la repercusión del desempleo se hace más visible al terminar por afectar a todos los sectores ciudadanos.

Es por ello por lo que, aun conscientes de las limitaciones, sin embargo creemos que  la política local no puede permanecer al margen sino que ha de  generar las condiciones necesarias para afrontar la situación con las mejores garantías, así como desplegar cuantas iniciativas admitan sus posibilidades presupuestarias.

En este sentido, es recurrente el tema de los posibles ingresos con cargo a los numerosos procesos judiciales en curso en los que el Ayuntamiento de Marbella es acreedor por perjudicado. Siempre hemos defendido la idea de que todo o parte de esos ingresos potenciales deben emplearse en la promoción de la actividad económica a través de inversiones y de la sostenibilidad social pues al fin y al cabo es a los ciudadanos a quienes se robó y a quienes debe resarcirse. Es justamente esta fuente de ingresos potencial la que vendría a financiar el presente Plan de Empleo y Formación que presentamos a la consideración del la Corporación, ingresos de difícil cuantificación ciertamente pero que podrían ser suplidos de forma temporal mediante créditos de entidades privadas que contarían con el aval del propio Ayuntamiento.

Defendemos con ardor un plan de Formación y Empleo concertado entre los Agentes Económicos y Sociales de la ciudad con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella que partiendo de un diagnóstico de la realidad existente referido tanto a la empleabilidad,  la especificidad de la demanda   como a las necesidades formativas, así como las conclusiones del Plan Estratégico promovido recientemente por la Mancomunidad, se plantee como objetivo la creación de las condiciones idóneas para la empleabilidad, la reducción del desempleo existente en el municipio especialmente entre la población joven así como la sostenibilidad social necesaria.  

5. Un programa de apoyo a las PYMES locales que incluyan beneficios fiscales, prioridad en el pago de deudas, promoción de singularidades, etc.

6. Un programa de ayuda a la instalación de energías renovables en edificios, tanto públicos como  privados.

        Marbella a 14 de febrero de 2012

         Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice:

        “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...”

          También en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión). así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 -que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.

Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben  todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

         Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios -aun más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal,

En base a lo anterior proponemos los siguientes ACUERDOS:

2.- Realizar como primeras tareas de esa Comisión, un diagnóstico participado sobre la problemática de los desahucios en Marbella, con el objeto de diseñar medidas a impulsar desde el ente municipal de manera compartida para propiciar alternativas para las personas desahuciadas por motivos económicos.

5.- Para los miles de desahucios ya producidos, solicitar al gobierno que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

        Marbella a 14 de febrero de 2012