Es verdad que el primer problema de nuestro país es el paro. Eso nadie lo niega. Pero lo que no se puede hacer es que para tener trabajo haya que renunciar a tener derechos. Debemos crear empleo, sí, pero no al precio de que los trabajadores queden sometidos al poder y la fuerza del empresario (es de eso de lo que realmente se habla cuando se dice que hay que volver a cambiar nuestro modelo de negociación colectiva). Debemos generar nuevos puestos de trabajo, claro que sí, pero no al precio de irradiar la precariedad y la prepotencia a lo largo y ancho de todo el mercado de trabajo . Debemos mejorar nuestra tasa de desempleo, por supuesto que sí, pero no degradando el salario y demás condiciones de trabajo (que es lo que realmente se esconde cuando se habla desde algunos sectores de la falta de flexibilidad en nuestro mercado laboral). ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el espejismo de la creación de empleo en una economía asfixiada por la contención del déficit y la falta de estímulos para el crecimiento? ¿Tenemos que perder los derechos, todos los derechos? Cuando conozcamos la reforma laboral del PP, lo sabremos.

La Agencia Tributaria Española emplea a 27.000 funcionarios. Con 47 millones de habitantes en 2011, se obtiene un ratio de un agente por cada 1.740 habitantes. La francesa, con una dotación de 140.000 funcionarios y 65 millones de habitantes (2011) tiene un agente fiscal por cada 465 habitantes, es decir, 3,8 veces más. Huelga decir que esto se podría subsanar rápidamente, lo que podría mejorar la recaudación del Estado. En lugar de los recortes hay otras soluciones, como esta por cierto largamente pedida por los propios inspectores de Hacienda.