Parece una nueva maldición bíblica, que llega por partida doble: hay que ajustar 40.000 millones el presupuesto de España y además el margen es tan estrecho que el hachazo puede dejar en los huesos el Estado del bienestar, sobre todo si lo asumen las comunidades autónomas, que gestionan la sanidad y la educación.

Aunque la propaguen profetas muy cualificados, se trata en realidad de una decisión política del nuevo Gobierno del PP, según coincide la decena de economistas y expertos progresistas consultados por Público: la gran mayoría considera "arbitraria" la cifra y ofrece alternativas concretas para alcanzarla sin acrecentar aún más el déficit social con respecto a la UE: según la OCDE, el gasto público de España estáaún siete puntos por debajo de la media de la eurozona.

Desde que el caso Urdangarin explotó, mucho se ha hablado de la necesidad de una Ley de la Corona que nunca llegó en democracia y a la que siempre se han mostrado remisos PP y PSOE.

No así Izquierda Unida, que ahora ha traducido su exigencia en una proposición no de ley que su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, ha registrado en el Congreso. El diputado pide sacar de su “limbo jurídico” a la Casa Real y promover por ley la creación del Estatuto y fuero de la Corona, de los miembros de la familia real y de los parientes del monarca, para detallar sus funciones, tasar las incompatibilidades y restringir sus negocios privados. Es decir, dotar a la Jefatura del Estado de una legislación similar a la que tienen otras altas instituciones.

Llamazares señala que el caso Urdangarin prueba las “insuficiencias legales y el uso interesado que se hace de la regulación existente”, muy vaga, hasta el punto de que se hace “difícil” el control de las actividades y negocios de la familia real.